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En mi última columna destacaba el creciente movimiento de opinión favorable a una reforma de la Constitución de 1978 para modificar el régimen autonómico en ella previsto.

Seudo-federalismo del Estado de las Autonomías

Según Luis López Guerra, el Título VIII de la Carta Magna no dibuja un mapa preciso sobre la configuración de las CCAA o la atribución de competencias a las mismas. Se limita a establecer un marco jurídico que se ha visto completado por las fórmulas de organización diseñadas por los Estatutos de Autonomía, las leyes orgánicas estatales y la jurisprudencia del TC. Se ha ido creando así un “acervo autonómico”, que ha llevado a la ampliación del techo competencial a los niveles máximos permitidos y que ha adquiridostatus cuasi constitucional. El modelo territorial presenta un carácter abierto, pues el Estado ha renunciado en la práctica al procedimiento de “armonización” y ha recurrido generosamente al artículo 150-2, que permite transferir a las CCAA “facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación”.

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Para el hombre medio, el Derecho se asemeja a un enigmático castillo, rodeado de niebla. A veces, ésta se disipa, los espectadores se acercan y el telón se levanta. Es lo que está sucediendo con el juicio cuya segunda sesión tuvo lugar ayer en la Ciudad del Vaticano.

Del singular escenario judicial destaca el tribunal, que ha pasado de ocuparse de la microcriminalidad habitual (pequeños rateros que actúan entre los turistas vaticanos) a un caso enfocado desde todos los ángulos por las networks internacionales. Un tribunal laico, que utiliza un derecho contenido en el Código penal de la época más liberal de Italia, en el que la dignidad del encausado es defendida con uñas y dientes. Por eso su presidente ha ordenado una investigación en cuanto se ha hablado de “malos tratos”.

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Son numerosas las voces que en España reclaman una política presupuestaria menos exigente en cuanto al gasto público pensando que se impulsaría así el crecimiento y el empleo, en lugar de la actual de consolidación presupuestaria, que pretende reducir el déficit público a niveles relativos inferiores al 3% del PIB en dos años. Es necesario advertir, aunque resulte conocido, que el ritmo de la consolidación presupuestaria no se decide por el Gobierno español sino que deriva de acuerdos alcanzados en dramáticas negociaciones con la UE. Quienes piden su desaceleración aspiran a cambiar esas condiciones aceptadas por el Gobierno anterior en términos aún mucho más perentorios que los actuales. Esas voces olvidan también otras consideraciones respecto al crecimiento y al empleo. La primera, que el crecimiento con empleo estable y no redundante se logra con mayor actividad económica privada y con una acción pública que facilite economías externas a las empresas. Entre ellas, mano de obra capacitada con salarios que reflejen su productividad, mercado extenso sin trabas inútiles, marco jurídico e institucional estable que propicie la libertad y la solidaridad y clima político sin graves conflictos. Pero el crecimiento también exige que la acción del Estado no impida la financiación de las empresas, porque los tipos de interés de la deuda pública señalan las rentabilidades que, sin correr apenas riesgo, pueden obtenerse colocando fondos en esa deuda frente a las que se derivarían de invertir en actividades empresariales.

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Fiasco sólo comparable en intensidad al cinismo de la oposición con el señor Rubalcaba a la cabeza. Triste es decirlo: ¡Casi ocho años mirando al cielo y al horizonte, esperando  ver la polvareda del Séptimo de Caballería viniendo en nuestro socorro a galope tendido! Pero resulta que sioux, cheyennes y arapahoes han terminado por aliarse con el coronel Custer, que estaba dispuesto a todo menos a morir con las botas puestas. Al parecer prefiere sobrevivir penosamente en alpargatas ¿O no? ¡Pues sí! Era de esperar tras el giro de la singular congregación mariana celebrada a renglón seguido de las elecciones de 2008, o sea en el  congreso a la búlgara de Valencia: “¡El que quiera formar un partido liberal o conservador, que se vaya!” (Mariano dixit). Entonces qué. Lo que hay: “ni chicha ni limoná”.

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El anuncio del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de que se financiará la enseñanza en castellano en centros docentes privados de las CCAA que –como en Cataluña o Baleares- no garantizan la escolarización en la lengua nacional del Estado ha provocado reacciones de signo contrario.

Subvenciones a centros privados para escolarizar en español

Al Presidente de la Generalitat, Artur Mas –que no ha mucho declaraba que quienes quieran escolarización en español podían crear colegios, como hacen los japoneses-, no le basta ya esta fórmula “a la japonesa” y se opone frontalmente a ella, y ha manifestado que las escuelas catalanas seguirán aplicando el actual sistema de inmersión porque funciona bien. Su Consejera de Educación, Irene Rigau, ha afirmado que sería una ilegalidad, que se opone a la intención de “españolizar a los alumnos de Cataluña”, y que –como los centros escolares deben ser autorizados por la Generalitat- ésta no concederá tales autorizaciones. El Presidente balear, José Ramón Bauzá, defendió la política lingüística de su Gobierno, que cumple el principio de libertad de elección en las aulas, y las normas de la Constitución y del Estatuto de autonomía. El consejero de Educación, Rafael Bosch, ha recordado a Wert que la lengua propia de Baleares es el catalán y que hay normas sobre la enseñanza que los centros educativos deben cumplir.

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Al margen de otros aspectos sobre la organización territorial de España que han cobrado gran actualidad en razón, sin duda, a las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno de Italia para tratar de paliar los efectos de la crisis que se cierne sobre el país alpino, viene siendo un tema recurrente en el nuestro el relativo a las comunidades autónomas, a las competencias que asumen, al gasto que originan y, en definitiva, a la forma y manera en que se desarrolló la organización territorial del Estado prevista en el título VIII de la Constitución española de 1978. En estos momentos, las reiteradas llamadas de atención por parte de los organismos e instituciones internacionales que tratan de encauzar la enorme crisis financiera existente a nivel global y que en España presenta signos un muy alarmantes, sobre el desbordado gasto y déficit que comporta el mantenimiento de aquellas autonomías, se erigen en motivo que justifica, sobradamente, una nueva reflexión sobre el tema de referencia.

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Desde su constitución, el nuevo Gobierno del PP ha venido insistiendo en que no subiría el IVA. A finales de diciembre de 2011, con el objeto de contribuir a la consolidación fiscal (es decir, al objetivo del equilibrio presupuestario) procedió a subir el IRPF, incrementando entre 0´75 y 7 puntos los tipos impositivos de los diferentes tramos de su tarifa, y denominando a este incremento Recargo temporal de solidaridad, pues, en principio, sólo tendrá vigencia durante los ejercicios de 2012 y 2013. Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta medida era “menos dañina para el crecimiento económico de España”, y, además, “da la oportunidad de que baje la inflación”. Hay que recordar que el IRPF incide sobre las rentas del trabajo (que representan más del 80% de las rentas gravadas por el Impuesto) con toda la contundencia de su fuerte progresividad, pues las mismas son difícilmente sustraibles al sistema de retención en su fuente u origen, a diferencia de lo que sucede con las rentas procedentes del ejercicio de actividades empresariales o profesionales, normalmente sujetas al régimen de estimación objetiva por módulos. Esta subida del IRPF fue acompañada de una elevación del IBI –entre el 4 y el 10%-, en relación con los edificios cuyo valor catastral hubiese sido revisado con posterioridad a 2009.

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