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Lo mejor para el país y, sobre todo, para los políticos es limitar los mandatos a dos legislaturas.
La decisión del presidente Rodríguez Zapatero de no presentarse a un tercer mandato ha avivado un debate soterrado: las consecuencias de un poder sin límite temporal. O, si se quiere, una maldición que suele operar en los segundos mandatos de los presidentes (o primeros Ministros), españoles o no.

Hace unos días me preguntaban en un conocido programa de televisión mi opinión sobre la posibilidad de limitar el ejercicio del poder político de los primeros mandatarios. Mi contestación fue que, legislativa o consuetudinariamente, lo mejor para el país y, sobre todo, para los políticos es limitar los mandatos a dos. Efectivamente, a mitad del segundo mandato es muy frecuente que las cosas comiencen a torcerse. La sensación de invulnerabilidad política se convierte en un factor de riesgo que hace bajar la guardia. Se confía cada vez más en los colaboradores. El presidente (o el primer ministro) se hace rehén de demasiados compromisos asumidos para poder sobrevivir políticamente. Y, ante las dificultades, surge la tentación de mentir al pueblo y a la prensa.

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Las Cajas están en la picota. Zapatero, Salgado, Ordóñez, Campa, las han hecho objeto de pública vergüenza, exigiéndoles a todas mayores niveles de capitalización, porque son poco fiables en los mercados. Los banqueros han animado la fiesta exigiendo su urgente transformación y venta. Es como si unos y otros hubieran dicho: ¡A por ellas!.

Las Cajas fueron, años pasados, un éxito nacional, pero hoy son para algunos la causa de todos nuestros males: del diferencial de nuestra deuda soberana, del coste de financiación de los bancos, de la restricción del crédito a familias y empresas, del paro reinante y de unas cuantas cosas más. El objetivo del Gobierno, confesado en privado, es que desaparezcan cuanto antes. Las han sometido para ello a un brutal y rápido proceso de reestructuración (léase, privatización o bancarización) que en Italia duró diez años y en España se ha querido hacer en 12 meses. Pocas voces –sólo algunos columnistas como Antón Costas, Jesús Cacho, Salvador Cardus o García Abad- han hablado a su favor. Las propias Cajas se han mostrado quizás demasiado cautelosas en la defensa de su centenaria institución.

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Los españoles, según acreditan todas las encuestas, desaprueban mayoritariamente la conducta y el trabajo de nuestros políticos hasta el punto de que la clase política ha pasado a ser uno de los problemas, junto al paro y las expectativas de nuestro futuro económico, que más inquietud despierta entre nuestra ciudadanía. Ello, a su vez, está desgastando a nuestra reciente democracia y, sobre todo, está produciendo desaliento y desconfianza en el conjunto de la sociedad.

El tema es muy grave porque la democracia requiere de la existencia de partidos políticos que compitan por el poder y exige que una denominada clase política se encuentre al frente de los destinos del país.

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Desde el 11 de marzo, los medios de comunicación vienen ocupándose continuamente de la situación de los seis reactores existentes en las Centrales Nucleares japonesas de Fukushima. Ese día se produjo el terremoto y maremoto que asoló un tercio del territorio japonés y con gran incidencia en la zona costera nororiental de Japón.

En primer lugar, quiero poner de manifiesto mi solidaridad con el admirable pueblo japonés que, con su comportamiento en las circunstancias más adversas que pueda sufrir un ser humano, se han comportado ejemplarmente. ¡Qué alta tienen la inteligencia emocional!.

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Túnez, Egipto, Libia…Todos nos la prometíamos muy felices con la continuidad del efecto dominó del proceso de los países árabes en la búsqueda de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, la tercera ficha no acaba de caer por culpa de Muamar el-Gadafi, quien ha prometido matar y morir para conservar el poder. Y a fe mía que lo está consiguiendo por ahora a expensas de la población libia. ¿Hasta que punto podrá mantener Gadafi el absoluto y férreo control que ha ejercido sobre el país durante más de 41 años?

En 1977 visité Trípoli en mi calidad de Asesor Jurídico del Director General del PNUMA para tratar con el Gobierno libio de la incorporación del país al Convenio de Barcelona para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación. Al llegar me encontré con la desagradable sorpresa de que Gadafi había mandado requisar las plazas de los principales hoteles para albergar a los participantes en una reunión política tribal y me encontré sin alojamiento, pese a contar con la debida reserva. Menos mal que el Embajador de España me ofreció generosamente hospedarme en la residencia de la Embajada. El Embajador Juan Andrada-Vanderwilde me contó –entre otras cosas- que las autoridades libias acababan de imponer una multa astronómica a un carguero español por tener a bordo varias cajas de cerveza “La Estrella de Sevilla”, que llevaban impresa la estrella de David. Se trata de un dato anecdótico, pero revela dos rasgos manifiestos de la política impuesta por Gadafi: arbitrariedad y ausencia de seguridad jurídica.

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Entre la población afectada por la prolongación de la jubilación a los 67 años se encontrarán principalmente los empleados de más alta cualificación y los empleados de cierto nivel en el sector de servicios, que comienzan a trabajar tarde, pero estos serían precisamente el tipo de trabajadores que prolongarían su trabajo si el retiro fuera voluntario, como sucede con los funcionarios o los autónomos y estuviera incentivada la prolongación. Ya hemos señalado que normalmente los obreros manuales y las categorías inferiores del sector servicios empiezan a trabajar pronto y podrán seguir jubilándose a los 65 años. Esto es muy relevante. La diferencia en la esperanza de vida entre los más ricos y los más pobres es de 10 años, debido a su distinto nivel de salud. Sería injusto que la prolongación del periodo de trabajo afectara en la práctica a los trabajadores manuales y menos cualificados pues ello significaría que las personas de menos nivel y menor esperanza de vida serían forzadas a trabajar más tiempo para sostener las pensiones de los que menos lo necesitan y van a vivir más. Por lo tanto no deberíamos obligar a trabajar más a los que ya han trabajado suficientemente. Un operario que haya empezado a trabajar a los 18 años -y hay muchos- habrá estado empleado a los 65 años ¡45 años!, más dos de servicio militar, que no se tiene para nada en cuenta…

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En la vida de las naciones, como en la de las familias o las empresas, surge de tanto en tanto la necesidad de parar y revisar lo que estamos haciendo. Normalmente, hay algún acontecimiento que nos impulsa a ello, de intensidad suficiente para sacarnos de nuestra rutina.

El proyecto de ley de economía sostenible no era otra cosa que una respuesta a la percepción generalizada en nuestra sociedad de que la dinámica económica en que estábamos metidos era insostenible. El Gobierno presentó esta ley hace dos años y se lanzó como un proyecto estrella de la legislatura: cambiar el modelo productivo. Pero luego ha venido a ser un cajón de sastre en el que se ha metido desde la regulación de Internet (la llamada Ley Sinde) a la prórroga de las centrales nucleares, la rehabilitación de las viviendas, normas de gobierno corporativo y mil cosas más.

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Una muy apreciable, ya caudalosa y creciente, corriente de pensamiento económico viene afirmando doctrinalmente y sosteniendo empíricamente que el crecimiento económico, ahora y siempre, ha estado soportado por dos factores: la innovación tecnológica y la idoneidad institucional.

Si desde hace tiempo –aunque no tanto– abundan los estudios y referencias a la (ahora popular) I+D y su robusta relación con la creación de riqueza, la ‘calidad institucional’, es decir, la idoneidad de las reglas de juego –en este caso leyes– para facilitar la creación de riqueza, es cada vez más protagonista del análisis de lo que podríamos llamar sostenibilidad del crecimiento económico.
La crisis que hoy asuela España hunde sus raíces en dos debilidades estructurales de nuestra economía: déficit de ahorro, traducido en una enorme e insostenible deuda externa, y exigua y decreciente productividad y competitividad de nuestra producción económica, lo que genera un déficit comercial que realimenta nuestra deuda externa.

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Efectivamente, cuatro presidentes americanos (Lincoln , Garfield, McKinley y Kennedy) han sido asesinados, bastantes más han sufrido atentados, y la violencia letal no ha perdonado a cargos menores como gobernadores, miembros del congreso, jueces o alcaldes. A esto se une el estímulo de la enmienda II a la Constitución americana, interpretada en junio de 2010 por el Tribunal Supremo federal como depositaria de un verdadero derecho individual de los ciudadanos – no simplemente de las organizaciones militares – “a tener y portar armas para su defensa personal”.Así las cosas, un observador no informado podría ver la política norteamericana como un circo de cuatro pistas, desde donde unos a otros se intercambian disparos y bombas, mientras que, desde una quinta pista, actúan los incitadores de la violencia (conspiradores).

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