Actualidad

DURANTE buena parte de la actual legislatura se ha estado especulando sobre la oportunidad y conveniencia de que se pudiera presentar una moción de censura al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Hemos asistido a tanta improvisación, a tanta sensación de desgobierno, que una amplia mayoría de la opinión pública habría deseado que el principal líder de la oposición hubiera presentado ese tan ansiado voto de censura que el presidente del Gobierno se estaba ganando con no poco merecimiento.

El principal argumento al que tantas veces ha apelado el señor Rajoy es que la moción de censura no hubiera prosperado porque el resto de las fuerzas políticas no habrían permitido su investidura, que es, precisamente, la exigencia que el artículo 113 de nuestra Constitución plantea. Conviene, pues, recordar que según lo que establece nuestra Constitución no puede prosperar la moción de censura si no se concede al mismo tiempo la investidura a aquel que la presenta, de tal forma que, de hecho, la moción de censura se convierte en realidad en un acto de investidura para el que la propone.

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Escribo este comentario, a petición de Alfa y Omega, cuando aún está viva la concentración convocada en la Puerta del Sol que se ha ido extendiendo a otras plazas simbólicas de distintas ciudades de nuestro país.

No quiero entrar en elucubraciones sobre el origen de estas manifestaciones o si tal o cual fuerza política pudiera estar solapadamente respaldándolas. No deseo tampoco aventurarme a afirmar si tuvieron en su origen un carácter espontáneo o inducido, o si se trata de asambleas puras e ingenuas o encierran intereses ocultos que todavía no se han puesto efectivamente de manifiesto. Sí es menester destacar que la primera reacción de la mayoría de los ciudadanos al conocerse la noticia fue de una general simpatía pero que conforme transcurrían las horas y se daban a conocer distintas declaraciones y manifiestos por parte de los organizadores, la simpatía empezaba a desvanecerse para llegar a configurar un clima de mayor escepticismo sobre la viabilidad de muchas de sus propuestas.

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Venimos oyendo desde hace tiempo en España la llamada a una “regeneración democrática” de nuestro sistema político. En 1993, Felipe González después de diez años de mayoría absoluta, habló de un necesario “impulso democrático”. En 1996 José María Aznar pidió una “Segunda transición” que recuperase el espíritu democrático de la primera; y poco después, nos dijo: “voy a convertir la democracia española en una de las mejores del mundo”. Y en 2004, en el mismísimo discurso de investidura, Rodríguez Zapatero, afirmó: “haré de España una democracia ejemplar… El poder no me va a cambiar”.

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La coalición Bildu ha obtenido unos resultados muy importantes en el País Vasco y en Navarra. Primera fuerza en Guipúzcoa; segunda en Vizcaya y tercera en Álava. Suma 1.138 ediles y junteros y tiene algunas posibilidades de hacerse con posiciones de poder, aunque para ello requiera de acuerdos que no serán fáciles de alcanzar. El PP ha lanzado una oferta sensata al PNV y al PSE para dar estabilidad a las instituciones. En este panorama tan aparentemente triunfante para los abertzales, hay que hacer, sin embargo, algunas clarificaciones importantes.

La primera y sustancial: Bildu no se corresponde con la izquierda radical abertzale o Batasuna. La coalición engloba a EuskoAlkartasuna, que nunca se incluyó bajo esa denominación, y a Alternatiba, una escisión de IU-EB en el País Vasco, partidos que se han prestado a comportarse como pista de aterrizaje de Batasuna. De modo que la suma total de sus votos superó el 22-M los 313.000, más de lo que obtuvo la estricta izquierda abertzale filo etarra en 1998, un resultado que marcó un hito. Esta agrupación de ofertas en Bildu debe subrayarse tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo para que la apariencia de victoria arrolladora, se matice convenientemente. Bildu es la suma de Batasuna, EA y Alternativa que se ha comido, además, a Aralar y a IU.

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DIEZ días y un mundo después (porque Bin Laden ya no está), merece la pena reflexionar con sosiego sobre la boda real en Londres. Fue «nuestra última revolución», dicen los historiadores. A partir de 1689, la Monarquía parlamentaria británica es algo más que una simple forma de gobierno. Yo diría que es la genuina expresión constitucional de una sociedad civilizada. Un ilustre tratadista, sir Walter Bagehot, habla de un esquema dual: partes «solemnes» (la Corona y la Cámara de los Lores) y partes «eficientes» (el Gabinete y los Comunes). Ante todo, las manners: usos sociales, convenciones y símbolos propios de una democracia ceremoniosa. Recuerdos históricos por acumulación. Entre los más antiguos, Guillermo el Conquistador en Hastings: normandos contra anglos y sajones, dura competencia plasmada por manos expertas en el famoso tapiz de Bayeux. Grandes textos jurídicos: la Magna Carta, el Bill of Rights, el Acta de Establecimiento… Trustes el concepto clave, porque apela a la confianza de los ciudadanos en un gobierno representativo. Aquí aparecen los autores más influyentes en la historia del pensamiento político: John Locke, Edmund Burke, John Stuart Mill… Si bien se mira, la política es un invento de los griegos adaptado por los ingleses a las exigencias de una sociedad moderna. ¿Problemas? Todos los que ustedes quieran y unos cuantos más: explosión de la sociedad de masas, a veces incontrolada; inquietud ante el proceso de integración europea; desequilibrio territorial, apaciguado a base de la «devolución» a Escocia y Gales, y de pactos en Stormont para el Ulster, aunque preocupa el auge del nacionalismo en el Parlamento de Edimburgo.

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