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El paso 13 de julio, el B.O.E. publicaba el R. Decreto-Ley 11/2010, en el que se consagraba una profunda reforma de las Cajas de Ahorros. Bien recibida, en general, por los expertos, provocó desconcierto y perplejidad en las propias Cajas que no estaban en el secreto de la operación (algunas sí que lo estaban). Fue el Banco de España quien impuso su criterio. Las Cajas, en general, recibieron la reforma con poco entusiasmo, aunque sus portavoces declarasen “plena satisfacción” (al mal tiempo, buena cara). Los juicios que siguieron a la presentación por el Gobierno del Decreto-Ley -los testimonios de los principales periódicos- fueron contradictorios; y algunos buenos conocedores del sector mostraron también su perplejidad ante la multitud de vías abiertas hacia el futuro, de resultado incierto.

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NUESTRO sistema político se asienta felizmente, transcurridos más de treinta años de esta España constitucional, con el devenir de los tiempos. Una circunstancia que inviste a la Constitución, y a los poderes y órganos del Estado, del poso institucional y del respaldo ciudadano que el tiempo brinda a las obras humanas. Hoy conmemoramos una fecha dotada de especial significación: el veinticinco aniversario del Juramento de la Constitución por Don Felipe de Borbón, en sesión extraordinaria, solemne y conjunta de las Cortes Generales, un 30 de enero de 1986, de conformidad con el artículo 61.2 de nuestra Carta Magna. En dicho precepto se afirma: «El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey». Ese mismo juramento no es sino el referido al Monarca: «El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas» (artículo 61.1). Pocas veces la prestación de un juramento disfruta pues de tal relevancia: la promisoria adhesión de Don Felipe al vigente orden constitucional. Detengámonos en su trascendencia político-constitucional.

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La revolución tunecina ha desatado un curioso, aunque no ejemplar, debate sobre cómo era posible que los gobiernos occidentales mantuvieran unas relaciones tan buenas con el gobierno de ben Alí, cuando éste había convertido Túnez en una finca particular. La mayoría de los comentarios van en la línea de criticar de forma genérica a nuestros gobernantes y culpar directamente a Francia por lo ocurrido. No es mi intención saltar al ruedo del debate en defensa de la diplomacia gala, pero me parece que se está dando una imagen de lo ocurrido que no responde a la realidad.
Francia ha sido la potencia colonial y ha mantenido, mantiene y mantendrá unas relaciones tan especiales como intensas con Túnez. Es sin duda responsable de sus actos, pero sólo de esos. Lo que hayan hecho Italia, España o Estados Unidos no es culpa del Quai d’Orsay, sino de los gobernantes de cada uno de esos países.

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DESPUÉS de un largo recorrido como líder de la oposición, parece ya indiscutible que don Mariano Rajoy se ha consolidado como el líder inmediato de la derecha española encarnada hoy en el Partido Popular. Además, según se desprende de la mayoría de las encuestas, en estos momentos se estima imposible que no consiga la victoria en las próximas elecciones generales, aunque existen todavía dudas razonables sobre la amplitud de la misma. Hasta aquí lo que ya todo el mundo intuye y conoce. Pero lo importante es tratar de saber un poco más sobre la personalidad de don Mariano Rajoy, esto es, sobre sus cualidades políticas y personales, el país que va a heredar previsiblemente y los retos a los que, sin duda, habrá de enfrentarse.

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