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DIEZ días y un mundo después (porque Bin Laden ya no está), merece la pena reflexionar con sosiego sobre la boda real en Londres. Fue «nuestra última revolución», dicen los historiadores. A partir de 1689, la Monarquía parlamentaria británica es algo más que una simple forma de gobierno. Yo diría que es la genuina expresión constitucional de una sociedad civilizada. Un ilustre tratadista, sir Walter Bagehot, habla de un esquema dual: partes «solemnes» (la Corona y la Cámara de los Lores) y partes «eficientes» (el Gabinete y los Comunes). Ante todo, las manners: usos sociales, convenciones y símbolos propios de una democracia ceremoniosa. Recuerdos históricos por acumulación. Entre los más antiguos, Guillermo el Conquistador en Hastings: normandos contra anglos y sajones, dura competencia plasmada por manos expertas en el famoso tapiz de Bayeux. Grandes textos jurídicos: la Magna Carta, el Bill of Rights, el Acta de Establecimiento… Trustes el concepto clave, porque apela a la confianza de los ciudadanos en un gobierno representativo. Aquí aparecen los autores más influyentes en la historia del pensamiento político: John Locke, Edmund Burke, John Stuart Mill… Si bien se mira, la política es un invento de los griegos adaptado por los ingleses a las exigencias de una sociedad moderna. ¿Problemas? Todos los que ustedes quieran y unos cuantos más: explosión de la sociedad de masas, a veces incontrolada; inquietud ante el proceso de integración europea; desequilibrio territorial, apaciguado a base de la «devolución» a Escocia y Gales, y de pactos en Stormont para el Ulster, aunque preocupa el auge del nacionalismo en el Parlamento de Edimburgo.

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Lo mejor para el país y, sobre todo, para los políticos es limitar los mandatos a dos legislaturas.
La decisión del presidente Rodríguez Zapatero de no presentarse a un tercer mandato ha avivado un debate soterrado: las consecuencias de un poder sin límite temporal. O, si se quiere, una maldición que suele operar en los segundos mandatos de los presidentes (o primeros Ministros), españoles o no.

Hace unos días me preguntaban en un conocido programa de televisión mi opinión sobre la posibilidad de limitar el ejercicio del poder político de los primeros mandatarios. Mi contestación fue que, legislativa o consuetudinariamente, lo mejor para el país y, sobre todo, para los políticos es limitar los mandatos a dos. Efectivamente, a mitad del segundo mandato es muy frecuente que las cosas comiencen a torcerse. La sensación de invulnerabilidad política se convierte en un factor de riesgo que hace bajar la guardia. Se confía cada vez más en los colaboradores. El presidente (o el primer ministro) se hace rehén de demasiados compromisos asumidos para poder sobrevivir políticamente. Y, ante las dificultades, surge la tentación de mentir al pueblo y a la prensa.

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Las Cajas están en la picota. Zapatero, Salgado, Ordóñez, Campa, las han hecho objeto de pública vergüenza, exigiéndoles a todas mayores niveles de capitalización, porque son poco fiables en los mercados. Los banqueros han animado la fiesta exigiendo su urgente transformación y venta. Es como si unos y otros hubieran dicho: ¡A por ellas!.

Las Cajas fueron, años pasados, un éxito nacional, pero hoy son para algunos la causa de todos nuestros males: del diferencial de nuestra deuda soberana, del coste de financiación de los bancos, de la restricción del crédito a familias y empresas, del paro reinante y de unas cuantas cosas más. El objetivo del Gobierno, confesado en privado, es que desaparezcan cuanto antes. Las han sometido para ello a un brutal y rápido proceso de reestructuración (léase, privatización o bancarización) que en Italia duró diez años y en España se ha querido hacer en 12 meses. Pocas voces –sólo algunos columnistas como Antón Costas, Jesús Cacho, Salvador Cardus o García Abad- han hablado a su favor. Las propias Cajas se han mostrado quizás demasiado cautelosas en la defensa de su centenaria institución.

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Los españoles, según acreditan todas las encuestas, desaprueban mayoritariamente la conducta y el trabajo de nuestros políticos hasta el punto de que la clase política ha pasado a ser uno de los problemas, junto al paro y las expectativas de nuestro futuro económico, que más inquietud despierta entre nuestra ciudadanía. Ello, a su vez, está desgastando a nuestra reciente democracia y, sobre todo, está produciendo desaliento y desconfianza en el conjunto de la sociedad.

El tema es muy grave porque la democracia requiere de la existencia de partidos políticos que compitan por el poder y exige que una denominada clase política se encuentre al frente de los destinos del país.

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Desde el 11 de marzo, los medios de comunicación vienen ocupándose continuamente de la situación de los seis reactores existentes en las Centrales Nucleares japonesas de Fukushima. Ese día se produjo el terremoto y maremoto que asoló un tercio del territorio japonés y con gran incidencia en la zona costera nororiental de Japón.

En primer lugar, quiero poner de manifiesto mi solidaridad con el admirable pueblo japonés que, con su comportamiento en las circunstancias más adversas que pueda sufrir un ser humano, se han comportado ejemplarmente. ¡Qué alta tienen la inteligencia emocional!.

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