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Túnez, Egipto, Libia…Todos nos la prometíamos muy felices con la continuidad del efecto dominó del proceso de los países árabes en la búsqueda de la democracia y del respeto de los derechos humanos. Sin embargo, la tercera ficha no acaba de caer por culpa de Muamar el-Gadafi, quien ha prometido matar y morir para conservar el poder. Y a fe mía que lo está consiguiendo por ahora a expensas de la población libia. ¿Hasta que punto podrá mantener Gadafi el absoluto y férreo control que ha ejercido sobre el país durante más de 41 años?

En 1977 visité Trípoli en mi calidad de Asesor Jurídico del Director General del PNUMA para tratar con el Gobierno libio de la incorporación del país al Convenio de Barcelona para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación. Al llegar me encontré con la desagradable sorpresa de que Gadafi había mandado requisar las plazas de los principales hoteles para albergar a los participantes en una reunión política tribal y me encontré sin alojamiento, pese a contar con la debida reserva. Menos mal que el Embajador de España me ofreció generosamente hospedarme en la residencia de la Embajada. El Embajador Juan Andrada-Vanderwilde me contó –entre otras cosas- que las autoridades libias acababan de imponer una multa astronómica a un carguero español por tener a bordo varias cajas de cerveza “La Estrella de Sevilla”, que llevaban impresa la estrella de David. Se trata de un dato anecdótico, pero revela dos rasgos manifiestos de la política impuesta por Gadafi: arbitrariedad y ausencia de seguridad jurídica.

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Entre la población afectada por la prolongación de la jubilación a los 67 años se encontrarán principalmente los empleados de más alta cualificación y los empleados de cierto nivel en el sector de servicios, que comienzan a trabajar tarde, pero estos serían precisamente el tipo de trabajadores que prolongarían su trabajo si el retiro fuera voluntario, como sucede con los funcionarios o los autónomos y estuviera incentivada la prolongación. Ya hemos señalado que normalmente los obreros manuales y las categorías inferiores del sector servicios empiezan a trabajar pronto y podrán seguir jubilándose a los 65 años. Esto es muy relevante. La diferencia en la esperanza de vida entre los más ricos y los más pobres es de 10 años, debido a su distinto nivel de salud. Sería injusto que la prolongación del periodo de trabajo afectara en la práctica a los trabajadores manuales y menos cualificados pues ello significaría que las personas de menos nivel y menor esperanza de vida serían forzadas a trabajar más tiempo para sostener las pensiones de los que menos lo necesitan y van a vivir más. Por lo tanto no deberíamos obligar a trabajar más a los que ya han trabajado suficientemente. Un operario que haya empezado a trabajar a los 18 años -y hay muchos- habrá estado empleado a los 65 años ¡45 años!, más dos de servicio militar, que no se tiene para nada en cuenta…

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En la vida de las naciones, como en la de las familias o las empresas, surge de tanto en tanto la necesidad de parar y revisar lo que estamos haciendo. Normalmente, hay algún acontecimiento que nos impulsa a ello, de intensidad suficiente para sacarnos de nuestra rutina.

El proyecto de ley de economía sostenible no era otra cosa que una respuesta a la percepción generalizada en nuestra sociedad de que la dinámica económica en que estábamos metidos era insostenible. El Gobierno presentó esta ley hace dos años y se lanzó como un proyecto estrella de la legislatura: cambiar el modelo productivo. Pero luego ha venido a ser un cajón de sastre en el que se ha metido desde la regulación de Internet (la llamada Ley Sinde) a la prórroga de las centrales nucleares, la rehabilitación de las viviendas, normas de gobierno corporativo y mil cosas más.

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Una muy apreciable, ya caudalosa y creciente, corriente de pensamiento económico viene afirmando doctrinalmente y sosteniendo empíricamente que el crecimiento económico, ahora y siempre, ha estado soportado por dos factores: la innovación tecnológica y la idoneidad institucional.

Si desde hace tiempo –aunque no tanto– abundan los estudios y referencias a la (ahora popular) I+D y su robusta relación con la creación de riqueza, la ‘calidad institucional’, es decir, la idoneidad de las reglas de juego –en este caso leyes– para facilitar la creación de riqueza, es cada vez más protagonista del análisis de lo que podríamos llamar sostenibilidad del crecimiento económico.
La crisis que hoy asuela España hunde sus raíces en dos debilidades estructurales de nuestra economía: déficit de ahorro, traducido en una enorme e insostenible deuda externa, y exigua y decreciente productividad y competitividad de nuestra producción económica, lo que genera un déficit comercial que realimenta nuestra deuda externa.

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Efectivamente, cuatro presidentes americanos (Lincoln , Garfield, McKinley y Kennedy) han sido asesinados, bastantes más han sufrido atentados, y la violencia letal no ha perdonado a cargos menores como gobernadores, miembros del congreso, jueces o alcaldes. A esto se une el estímulo de la enmienda II a la Constitución americana, interpretada en junio de 2010 por el Tribunal Supremo federal como depositaria de un verdadero derecho individual de los ciudadanos – no simplemente de las organizaciones militares – “a tener y portar armas para su defensa personal”.Así las cosas, un observador no informado podría ver la política norteamericana como un circo de cuatro pistas, desde donde unos a otros se intercambian disparos y bombas, mientras que, desde una quinta pista, actúan los incitadores de la violencia (conspiradores).

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En el mundo occidental viene produciéndose, desde hace ya años, una eclosión de conflictos entre conciencia y ley que, lejos de decrecer, ha invadido los espacios sociales y políticos, planteando al orden jurídico tradicional desafíos no siempre bien resueltos. Y es que la libertad de conciencia es quizá el derecho fundamental que más claramente revela la incontinencia normativa del poder cuando el Estado pretende erigirse en el depósito de todas las verdades posibles. En este libro los autores han volcado su experiencia de más de dos décadas dedicadas al estudio de las objeciones de conciencia. El resultado ha sido el trabajo probablemente más minucioso y riguroso —y sin duda el más documentado— que conoce hoy la literatura jurídica sobre los enfrentamientos entre conciencia y ley.

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Uno de los indiscutibles padres de Internet, el gran Vinton Cerf, lo dejó hace poco bien claro en una reciente conferencia: “Internet está enteramente basada en la copia”. Es decir que, gracias a la tecnología digital que le sirve de sustrato, Internet proporciona a millones de personas la posibilidad de acceder a idénticos contenidos, en un número ilimitado de “sesiones”, por ejemplo, una misma página web.

Y si esto es así, no puede entonces extrañar que los derechos de autor hayan venido ocupando un papel central entre los campos más directamente afectados por la generalización de Internet a partir de los años noventa. Al fin y al cabo, una de las más evidentes manifestaciones de esos derechos es el llamado derecho de reproducción, que las leyes confieren en exclusiva a su titular, y ese derecho no consiste en esencia en otra cosa que en el monopolio de su titular sobre las copias de sus obras.

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El paso 13 de julio, el B.O.E. publicaba el R. Decreto-Ley 11/2010, en el que se consagraba una profunda reforma de las Cajas de Ahorros. Bien recibida, en general, por los expertos, provocó desconcierto y perplejidad en las propias Cajas que no estaban en el secreto de la operación (algunas sí que lo estaban). Fue el Banco de España quien impuso su criterio. Las Cajas, en general, recibieron la reforma con poco entusiasmo, aunque sus portavoces declarasen “plena satisfacción” (al mal tiempo, buena cara). Los juicios que siguieron a la presentación por el Gobierno del Decreto-Ley -los testimonios de los principales periódicos- fueron contradictorios; y algunos buenos conocedores del sector mostraron también su perplejidad ante la multitud de vías abiertas hacia el futuro, de resultado incierto.

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